El Impacto del Conflicto Armado en la Educación Colombiana

Los ataques contra la educación en Colombia representan una de las afectaciones más graves, pero menos visibilizadas del conflicto armado. Como lo señala el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre niños y conflictos armados (2024), tan solo en 2023 se verificaron 24 ataques contra escuelas y 18 casos de uso militar de instalaciones educativas por diferentes grupos armados. Sin embargo, estas cifras apenas reflejan una pequeña parte de la realidad.

De acuerdo con el seguimiento realizado por el Consejo Noruego para Refugiados (2024), en los departamentos de Arauca, Magdalena y Norte de Santander entre enero de 2022 y octubre de 2024, más de 16.000 personas fueron afectadas por ataques que pusieron en riesgo su vida e integridad en escuelas o en el camino hacia ellas. Estas afectaciones incluyen desde amenazas y hostigamientos hasta el uso de instalaciones educativas como bases de operaciones militares, campos de entrenamiento o centros de reclutamiento forzado.

La Comisión de la Verdad señala una realidad estructural que explica la invisibilización de las afectaciones del conflicto armado en la educación: «Hay un país que no ha contado social y políticamente en la construcción de una Colombia incluyente, un país que se encuentra en los territorios que han sido históricamente y que, excluidos por el régimen político y económico, se convirtieron en los epicentros de la guerra» (Comisión de la Verdad, 2022a, p.533).

Esta exclusión histórica se refleja dramáticamente en la forma como se registran y visibilizan los impactos del conflicto en la educación. Las zonas más afectadas – precisamente aquellas priorizadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) – son las que menos posibilidades tienen de documentar y denunciar estas situaciones.

Esta invisibilidad se explica por múltiples factores:

• El aislamiento geográfico de muchas instituciones educativas rurales dificulta el acceso de observadores externos y organizaciones de derechos humanos.
• El temor a represalias por parte de los grupos armados limita las denuncias formales de las comunidades educativas.
• La «normalización» de la violencia en estos territorios hace que muchos incidentes no se reporten por considerarse parte de la cotidianidad.
• La débil presencia institucional en zonas rurales de municipios PDET resulta en sistemas precarios de registro y documentación de afectaciones.

Como lo señala la Comisión de la Verdad (2022b) en su informe “No es un mal menor”, esta invisibilidad tiene graves consecuencias para la garantía del derecho a la educación. Por un lado, impide dimensionar adecuadamente el problema y diseñar respuestas efectivas. Por otro, profundiza las brechas educativas ya existentes entre las zonas rurales y urbanas del país

Afectaciones Multidimensionales

Los impactos del conflicto en la educación van mucho más allá de la infraestructura física o las estadísticas de deserción escolar. Como lo documenta Unicef y el Cluster de Educación en Emergencia de Colombia, «cuando se ataca una escuela, se atacan todos los derechos de la infancia». Estas afectaciones incluyen:

• Traumas psicosociales en estudiantes y docentes
• Ruptura del tejido social y las redes comunitarias
• Pérdida de espacios seguros para la niñez y la adolescencia
• Debilitamiento de proyectos pedagógicos y procesos de aprendizaje
• Desplazamiento forzado de comunidades educativas
• Reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado.
• Deserción escolar y abandono definitivo de estudios

La adhesión de Colombia a la Declaración sobre Escuelas Seguras en noviembre de 2022 representa un paso importante para visibilizar y atender esta problemática. Sin embargo, el verdadero reto está en traducir estos compromisos en acciones concretas que protejan efectivamente el derecho a la educación en los territorios más afectados por el conflicto armado.